27 de Julio de 2020

Las redes de corrupción pueden ser tan amplias como un sistema nervioso. Tan sanas como un cuerpo humano en plenitud, pueden operar continuamente cuando existe contubernio y asociación; operan con absoluta fluidez cuando el encubrimiento es la constante.

El imaginario, la planeación intelectual busca afanosamente como objetivo primordial el recurso financiero o el favor político, que, para el caso, se convierte en un acto patrimonial, donde los actores desean tener certidumbre económica para ellos y varias de sus generaciones de descendientes.

Los delitos de hechos de corrupción señalados en el Título Décimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta este momento, no han sido utilizados para emitir sentencias condenatorias en contra de exservidores públicos ni para particulares.

En la historia de los códigos penales de nuestro país, los capítulos relacionados por delitos cometidos por servidores públicos eran prácticamente enunciativos, ya que las sanciones por su comisión fueron benévolas; existió una constante lógica y naturaleza de ausencia de disuasión, la nula punibilidad y los procesos plagados de elementos para condenar fueron el gran alimento para la impunidad.

El cumplimiento de acuerdos internacionales obligó a nuestro país, en los dos sexenios pasados, a legislar muy tibiamente para establecer medidas que pudieran abatir el fenómeno; las modificaciones constitucionales para crear la autonomía de la Fiscalía es lo más loable, pero la creación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser algo que debe revisarse a fondo.

La integración de las siete dependencias en torno al SNA no ha articulado un solo caso de éxito, la creación de la plataforma nacional digital y su operación merecen ser sujetas al escrutinio para su eventual operación y, sobre todo, el cumplimiento cabal de su objetivo.

La autonomía de la FGR es fundamental para el ejercicio operativo, sin injerencias estatales ni políticas, así se ha demostrado en los últimos dos años.

Lozoya podrá ejercer sus derechos constitucionales como cualquier procesado, es una garantía humana. Los criterios de oportunidad a los que se han referido medios de comunicación serán sólo aplicables, en su caso, en virtud de lo que defina el juzgador y las supuestas declaraciones emitidas tendrían consecuencias jurisdiccionales.

Sin duda, si existieran señalamientos inculpatorios dentro del procedimiento, tendrán que comparecer cuantos mencionados existan y se encuentren relacionados por los hechos que se les imputen, no comparecer también tiene consecuencias legales.

La sociedad mexicana está expectante de los pulcros juzgadores que hoy tienen la enorme responsabilidad de aplicar el derecho en este expediente.

Se torna en uno de los asuntos emblemáticos, donde se anhela que, por fin, se sancione la corrupción como acto ilícito y se abata la impunidad con toda imparcialidad y justicia.

En la Cuarta Transformación los delitos por hechos de corrupción merecen la prisión preventiva oficiosa (graves), nunca antes en la historia de México existieron altas sanciones para los penalmente responsables.

Publicado a través de: https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/lozoya-abatir-la-corrupcion-y-la-impunidad/1396211

Leave a Comment