En las sentencias se debe preponderar la reparación real del daño, donde a la víctima se le garantice tal derecho y buscar la alternativa a la prisión, no sólo por la naturaleza del actual sistema penal, sino por el incumplimiento de los derechos humanos y de legalidad del sistema penitenciario. Donde la evidencia de corrupción y la ausencia de rehabilitación son casi nulas.
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